Como hemos visto en otros videos, aunque a finales de la década de 1820 la independencia de las repúblicas americanas era un hecho, aún persistía el peligro del regreso de los españoles. Para ello, las nuevas repúblicas tomaron medidas, siendo un caso poco conocido el de la efímera República Federal de Centroamérica, que pese a su tamaño, escasos recursos y problemas internos se mostró muy hostil con su antigua metrópoli.
En esa época la presencia española en Cuba y Puerto Rico y el envío desde la península de expediciones militares aún representaban una amenaza, por ello el 7 de julio de 1828 en la República Federal de Centroamérica se emitieron dos decretos contra los españoles.
En uno de los decretos se decía que “todos los puertos de la República habilitados para el comercio exterior en sus costas del Norte y del Sur, se cierran al Pabellón español, y a los frutos y producciones del suelo y de la industria de España, sus colonias y dependencias”. Asimismo, se prohibía “la exportación de frutos naturales y manufacturas de Centro américa, con destino a cualquier puerto sujeto al gobierno español”.
Por su parte, en el otro decreto podemos leer que “a ningún súbdito del Gobierno español, de cualquier clase, edad y condición que sea, se permitirá entrar al territorio de la República, ni desembarcar en sus puertos”.
Un año después, en julio de 1829, el brigadier español Isidro Barradas comandó una expedición que desembarcó en México con intención de reconquistar aquel país. Esto, unido a noticias previas de supuestos planes españoles para invadir Centroamérica, motivó que las autoridades de la República Federal y las de sus respectivos Estados se preocuparan.
Lo primero que hizo el presidente centroamericano José Francisco Barrundia fue lanzar una proclama el 3 de septiembre, curiosamente, solo unos días antes de la de capitulación española en México. En esta proclama Barrundia se negaba a que América volviera a caer bajo la tiranía española y advertía de la posibilidad de que los españoles intentaran atacar Centroamérica, y para evitar esto hacía un llamamiento a los milicianos para defender la patria.
Poco después, el 9 de septiembre, la Asamblea legislativa del Estado de Guatemala, ante la invasión española de las costas mexicanas y motivada por la proclama de Barrundia, tomó medidas para proteger el territorio guatemalteco, para lo cual decretó la pena capital para los que traicionaran al Gobierno. Asimismo, se consideraría traidores, entre otras cosas, a los espías, a los que proporcionaran ayuda al enemigo y a los que se pasasen a su campo.
Más tarde, el 3 de octubre el Congreso federal de la República de Centroamérica dictó un decreto que unificaba los decretos de 1828 en los que se prohibía la entrada de los españoles a aquel territorio y comerciar con España.
Semanas después, aunque las fuerzas de Barradas ya habían sido expulsadas de México, se temía que los españoles residentes en Guatemala pudieran fomentar algún intento de reconquista. Por esto, el 23 de noviembre, considerándose que en aquel territorio había bienes pertenecientes a súbditos españoles cuyas rentas engrosaban los fondos con los que se podría sufragar una tentativa de reconquista, la Asamblea legislativa del Estado de Guatemala decretó la ocupación de “todas las propiedades que existan en el Estado, y pertenezcan a cualesquiera súbditos de la monarquía española”, cuyo importe sería devuelto cuando España reconociera la independencia de la República Centroamericana.
Más tarde, ante las sospechas de una nueva tentativa española contra México y que esta podría extenderse hasta Centroamérica, donde residían hombres de origen español, la Asamblea de Nicaragua decretó el 27 de mayo de 1830 excluir de cualquier cargo público, civil y militar a todo español hasta que España reconociera la independencia de América. Asimismo, se contemplaba su expulsión del territorio. Además, ante la amenaza de una nueva expedición española, se consideró necesario organizar la defensa del país, por lo que en el mismo decreto se tomaron varias disposiciones para garantizarla.
Ese mismo año, por interés público, el Congreso Federal, aunque aún se consideraba en guerra con España, suavizó el decreto del 3 de octubre de 1829 que prohibía el comercio con los españoles. Más tarde, tras disiparse el peligro de la reconquista española, estos decretos se fueron derogando con el tiempo.
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