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lunes, 26 de agosto de 2024
EL CONFLICTO TERMONUCLEAR FRANCO-PERUANO (1973)
Como hemos visto en otros videos, a lo largo de la historia de América se han dado innumerables conflictos diplomáticos producidos por todo tipo de causas, resultando algunos insólitos por los motivos que los ocasionaron. Este es el caso del conflicto franco-peruano provocado por las pruebas nucleares francesas llevadas a cabo en el Pacífico Sur.
Todo comenzó en 1963. Ese año el gobierno peruano tuvo conocimiento de que Francia estaba construyendo en la Polinesia Francesa instalaciones para realizar pruebas nucleares. En esas fechas Perú, Nueva Zelanda y Australia protestaron y pidieron explicaciones a Francia al respecto. En el caso de Perú, las autoridades de este país se mostraron preocupadas por los efectos que esas pruebas pudieran tener en los recursos marinos.
Más tarde, en 1966, las autoridades peruanas protestaron y denunciaron la peligrosidad de aquellas pruebas. Días después, la Cámara de Diputados de Perú las condenaron y las calificaron de “amenaza para la paz mundial”.
A pesar de las protestas, Francia realizó varias pruebas nucleares entre 1966 y 1968, provocando nuevas quejas peruanas. Entre 1970 y 1971 se llevaron a cabo más de una docena de nuevas pruebas, lo que llevó al gobierno de Juan Velasco Alvarado a enviar un ultimátum al presidente francés Georges Pompidou en agosto de 1971. En este ultimátum podemos leer:
“en resguardo de la salud, seguridad y supervivencia de su pueblo, ante los efectos perjudiciales que originan las explosiones nucleares que realiza Francia en [el atolón de] Mururoa, reitera su más enérgica protesta”.
A continuación, se requería a Pompidou la suspensión inmediata de las pruebas nucleares, de lo contrario, el Gobierno de Perú rompería relaciones diplomáticas con el Gobierno de Francia.
Un año más tarde, en 1972, varios países de la región apoyaron a Perú y condenaron las pruebas nucleares francesas por el peligro que representaban para el hombre y para la naturaleza.
Tiempo después, en 1973, leemos en prensa que el embajador francés en Lima recibió amenazas a raíz de las pruebas nucleares en la Polinesia, materializándose estas a principios de julio cuando una bomba explotó en los exteriores de la embajada francesa.
Semanas más tarde, el 21 de julio, Francia llevó a cabo el test Euterpe en el atolón de Mururoa, en el archipiélago de Tuamotu. Dos días después, el 23, Velasco propuso a los presidentes de Ecuador y Colombia el rompimiento conjunto de relaciones con Francia. Ese mismo día y como resultado del ultimátum de 1971, el Gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con Francia al considerar que los franceses habían desoído sus reiteradas protestas y que aquellas pruebas ponían en riesgo la salud de los peruanos, aunque el ministro Edgardo Mercado Jarrín puntualizó que la ruptura diplomática no afectaría a las relaciones comerciales.
Sin embargo, esto no hizo mella en los ánimos franceses y el ministro de Asuntos Exteriores francés Michel Jobert anunció que las pruebas proseguirían, como así fue el día 28 de julio y varias veces más durante las siguientes semanas.
El día 31 leemos en prensa que el Gobierno de Perú estaba dispuesto a reanudar las relaciones diplomáticas con Francia, siempre y cuando este país suspendiera las pruebas nucleares en la Polinesia.
Poco después, el 3 de agosto, varios países de América, el conocido como Grupo Andino, volvieron a protestar por las pruebas nucleares atmosféricas que consideraban “contrarias a los altos intereses de la paz y seguridad internacional”.
Días más tarde podemos leer en prensa las declaraciones de un médico peruano que aseguraba que, tras las pruebas nucleares francesas, en Lima habían aumentado las enfermedades respiratorias, oftálmicas y dermatológicas.
Finalmente, hay que señalar que a pesar de las protestas peruanas las pruebas nucleares francesas continuaron durante las siguientes décadas, lo que no impidió que las relaciones entre ambos países se reanudaran en agosto de 1975.
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jueves, 15 de agosto de 2024
LA REPÚBLICA FEDERAL DE CENTROAMÉRICA CONTRA ESPAÑA (1828-1830)
Como hemos visto en otros videos, aunque a finales de la década de 1820 la independencia de las repúblicas americanas era un hecho, aún persistía el peligro del regreso de los españoles. Para ello, las nuevas repúblicas tomaron medidas, siendo un caso poco conocido el de la efímera República Federal de Centroamérica, que pese a su tamaño, escasos recursos y problemas internos se mostró muy hostil con su antigua metrópoli.
En esa época la presencia española en Cuba y Puerto Rico y el envío desde la península de expediciones militares aún representaban una amenaza, por ello el 7 de julio de 1828 en la República Federal de Centroamérica se emitieron dos decretos contra los españoles.
En uno de los decretos se decía que “todos los puertos de la República habilitados para el comercio exterior en sus costas del Norte y del Sur, se cierran al Pabellón español, y a los frutos y producciones del suelo y de la industria de España, sus colonias y dependencias”. Asimismo, se prohibía “la exportación de frutos naturales y manufacturas de Centro américa, con destino a cualquier puerto sujeto al gobierno español”.
Por su parte, en el otro decreto podemos leer que “a ningún súbdito del Gobierno español, de cualquier clase, edad y condición que sea, se permitirá entrar al territorio de la República, ni desembarcar en sus puertos”.
Un año después, en julio de 1829, el brigadier español Isidro Barradas comandó una expedición que desembarcó en México con intención de reconquistar aquel país. Esto, unido a noticias previas de supuestos planes españoles para invadir Centroamérica, motivó que las autoridades de la República Federal y las de sus respectivos Estados se preocuparan.
Lo primero que hizo el presidente centroamericano José Francisco Barrundia fue lanzar una proclama el 3 de septiembre, curiosamente, solo unos días antes de la de capitulación española en México. En esta proclama Barrundia se negaba a que América volviera a caer bajo la tiranía española y advertía de la posibilidad de que los españoles intentaran atacar Centroamérica, y para evitar esto hacía un llamamiento a los milicianos para defender la patria.
Poco después, el 9 de septiembre, la Asamblea legislativa del Estado de Guatemala, ante la invasión española de las costas mexicanas y motivada por la proclama de Barrundia, tomó medidas para proteger el territorio guatemalteco, para lo cual decretó la pena capital para los que traicionaran al Gobierno. Asimismo, se consideraría traidores, entre otras cosas, a los espías, a los que proporcionaran ayuda al enemigo y a los que se pasasen a su campo.
Más tarde, el 3 de octubre el Congreso federal de la República de Centroamérica dictó un decreto que unificaba los decretos de 1828 en los que se prohibía la entrada de los españoles a aquel territorio y comerciar con España.
Semanas después, aunque las fuerzas de Barradas ya habían sido expulsadas de México, se temía que los españoles residentes en Guatemala pudieran fomentar algún intento de reconquista. Por esto, el 23 de noviembre, considerándose que en aquel territorio había bienes pertenecientes a súbditos españoles cuyas rentas engrosaban los fondos con los que se podría sufragar una tentativa de reconquista, la Asamblea legislativa del Estado de Guatemala decretó la ocupación de “todas las propiedades que existan en el Estado, y pertenezcan a cualesquiera súbditos de la monarquía española”, cuyo importe sería devuelto cuando España reconociera la independencia de la República Centroamericana.
Más tarde, ante las sospechas de una nueva tentativa española contra México y que esta podría extenderse hasta Centroamérica, donde residían hombres de origen español, la Asamblea de Nicaragua decretó el 27 de mayo de 1830 excluir de cualquier cargo público, civil y militar a todo español hasta que España reconociera la independencia de América. Asimismo, se contemplaba su expulsión del territorio. Además, ante la amenaza de una nueva expedición española, se consideró necesario organizar la defensa del país, por lo que en el mismo decreto se tomaron varias disposiciones para garantizarla.
Ese mismo año, por interés público, el Congreso Federal, aunque aún se consideraba en guerra con España, suavizó el decreto del 3 de octubre de 1829 que prohibía el comercio con los españoles. Más tarde, tras disiparse el peligro de la reconquista española, estos decretos se fueron derogando con el tiempo.
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viernes, 9 de agosto de 2024
EL PLAN DE ESTADOS UNIDOS PARA INVADIR VENEZUELA (1975)
Como vimos en otro video, a principios del siglo XX hubo planes en Estados Unidos para invadir Venezuela, aunque estos no llegaron a materializarse. Sin embargo, y como veremos a continuación, estos no fueron los últimos planes estadounidenses para invadir Venezuela, ya que a mediados de los años '70 hubo otros que tenían como objetivo apoderarse del petróleo venezolano.
Todo comenzó en octubre de 1973 cuando los miembros árabes de la O. P. E. P., la Organización de Países Exportadores de Petróleo, impusieron durante varios meses un embargo de petróleo a diferentes países occidentales, entre ellos Estados Unidos y los Países Bajos, por su apoyo a Israel durante la guerra del Yom Kipur, lo que provocó una severa crisis energética y económica.
Meses después, a principios de 1975, varios altos cargos de la administración Ford hicieron declaraciones sobre un hipotético nuevo embargo, lo que generó preocupación en la sociedad estadounidense. A raíz de esto, un subcomité del Congreso de los Estados Unidos encargó un informe que analizara las medidas a tomar para garantizar el suministro de petróleo al país ante un posible nuevo embargo. Este se presentó en agosto bajo el título de “Campos petrolíferos como objetivos militares. Un estudio de viabilidad”.
Ante la mencionada posibilidad de un nuevo embargo que perturbara el estilo de vida de los Estados Unidos o los intereses de sus aliados, este informe analizaba las implicaciones de una acción militar encaminada a la confiscación de los yacimientos petrolíferos de los países de la O. P. E. P., entre los que se incluía Venezuela.
En la primera parte del informe se dejaba claro que la supervivencia de los Estados Unidos era el único interés nacional vital y que ante otro embargo, uno más duro incluso, las reservas y el ahorro no serían suficientes para evitar problemas económicos y sociales, ni que sus aliados, Europa y Japón, fueran gravemente perjudicados.
Luego el informe manifestaba que había dos corrientes de opinión respecto a como actuar ante un nuevo embargo, la de negociar y la del uso de la fuerza. Esto último estaría justificado si se consideraba al embargo como una agresión. Aún así, una acción de este tipo tendría difícil su aprobación en el Congreso, aunque el Presidente podría hacer uso de poderes especiales para llevarla a cabo. Seguidamente se hablaba de la opinión pública, del apoyo de los aliados, de los medios de comunicación y de otros asuntos a tener en cuenta, cómo el posible daño que una acción así haría a la reputación de los Estados Unidos.
En la segunda parte del informe se hablaba de la importancia de apoderarse de suficientes instalaciones petrolíferas intactas, de asegurarlas por un periodo prolongado de tiempo, de arreglar los daños con rapidez, de operarlas con personal propio y de asegurar el transporte del petróleo.
A continuación se señalaban las respuestas que podrían tomar los países de la O. P. E. P. Una era la negociación y otra la de enfrentarse militarmente a Estados Unidos, aunque también se apuntaba a la guerra de guerrillas, a los sabotajes y una campaña internacional de terrorismo.
Respecto a lo primero, sería lo más práctico para los países de la O. P. E. P. En cuando al enfrentamiento directo, solo Irán podría ofrecer cierta resistencia. En el caso de Venezuela el estudio ofrecía unas cifras minúsculas de sus fuerzas armadas: 24.000 tropas de infantería, 31 tanques, unos 90 aviones, 10 buques y 2 submarinos, aunque en realidad eran 3. En cuanto a la guerra de guerrillas, el informe señalaba a los pantanos alrededor del lago Maracaibo como un lugar óptimo para su desarrollo. Respecto a los sabotajes de sus propios aeródromos e instalaciones petrolíferas, Venezuela, al no percibir el peligro estadounidense, no tendría tiempo a prepararlos.
Luego el informe analizaba el papel que podría jugar la U. R. S. S. en caso de que se alineara con los países atacados, señalando que un conflicto con ellos acarrearía un peligro de guerra nuclear. Con respecto a Venezuela, dada la distancia, la U. R. S. S. no podría intervenir con la misma contundencia que en Oriente Próximo.
Tras esto, se pasaba a estudiar las distintas zonas que podrían invadirse y ocuparse con el objetivo de satisfacer las necesidades de Estados Unidos y de sus aliados hasta alcanzar la autosuficiencia energética o el fin del embargo. Para determinar la mejor zona de ocupación, el estudio tenía en cuenta, entre otras cosas, el potencial de producción de petróleo, las características geográficas y las amenazas de contraintervención.
En primer lugar, se ponía el foco en Venezuela. Según el informe los campos petrolíferos de Maracaibo en combinación con los de Nigeria, aunque estaban algo por debajo de las necesidades estadounidenses, serían suficientes para mantener la economía de Estados Unidos. Se señalaba a continuación, que ambos países estaban cerca de Estados Unidos en comparación con los del Golfo Pérsico. Luego se decía que ni Nigeria ni Venezuela podrían ofrecer más que una resistencia simbólica a una invasión estadounidense, por lo que las operaciones navales y aéreas serían más fáciles para Estados Unidos, además la amenaza soviética sería inexistente. Igualmente, al estar aislados, el resto de países de la O. P. E. P. no podrían brindarles apoyo ante un ataque estadounidense, quienes además, no encontrarían ningún impedimento para transportar el petróleo hasta su territorio, necesitándose así menos buques de combate para acompañar los convoyes en el Caribe y el Atlántico.
Sin embargo, el estudio apuntaba a varios obstáculos respecto a Venezuela como objetivo de un ataque. En primer lugar, operar en dos lugares tan separados como Nigeria y Venezuela aumentaría el esfuerzo y el costo de la operación. Segundo, los pozos submarinos de Maracaibo serían mucho más difíciles de confiscar y asegurar que las instalaciones de tierra, descartándose por esto los asaltos con paracaidistas. Y tercero, los demás países de Latinoamérica verían con malos ojos que Estados Unidos se apoderara de los yacimientos petrolíferos de Venezuela, un aliado dentro de la O. E. A.
Más adelante también se apuntaba a la posibilidad de una operación contra Venezuela y Libia, aunque esta se descartaba por varios motivos, siendo el principal el peligro soviético por su relativa cercanía al país africano.
A continuación, se estudiaban otros escenarios como Irak, Kuwait, Irán o Arabia Saudí, y las mejores opciones para satisfacer las necesidades de Estados Unidos y sus aliados europeos de la O. T. A. N. o de Estados Unidos y Japón, siendo en este caso insuficiente la producción conjunta de Venezuela, Nigeria y Libia.
Finalmente, en la tercera parte del informe se descartaba a Venezuela por los motivos anteriormente señalados, y se elegía a Arabia Saudí como lugar para atacar en caso de un nuevo embargo, aunque se dejaban las puertas abiertas a cambiar de objetivo a la espera de nuevos informes.
Por último, hay que señalar que, días después de que el informe fuera entregado y publicado, su contenido se conoció en Venezuela. Como podemos ver en prensa, las autoridades venezolanas reaccionaron restándole importancia a los planes de invasión. En cambio, líderes sindicales del sector petrolero rechazaron cualquier tipo de amenaza proveniente de los Estados Unidos.
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